PROBLEMAS MENTALES

La crisis económica abre la puerta de las consultas psiquiátricas
Desde 2007, las visitas a urgencias por intentos suicidas han aumentado un 22%
Los pequeños empresarios y autónomos son quienes más sufren estrés y ansiedad

(Ilustración: Raúl Arias)
Actualizado martes 29/06/2010 05:01 (CET)

ISABEL F. LANTIGUA
MADRID.- Lleva dos años instalada en la vida de los ciudadanos y, sobre todo, en sus conversaciones y en sus mentes. La crisis económica no da tregua a los españoles y sus efectos sobre la salud empiezan a pasar factura. Ansiedad, insomnio, estrés o sensación de desamparo son síntomas que están sufriendo en carne propia tanto empresarios como empleados. El primer estudio realizado sobre la influencia de esta situación en un hospital, en concreto en el Hospital La Paz de Madrid, no deja lugar a dudas. Entre junio de 2007 y diciembre de 2009 se registró un incremento de un 50% de enfermos en las urgencias psiquiátricas. Un futuro desalentador ante sus ojos no les deja levantar cabeza.
Según los resultados de este trabajo, en el que participaron 6.000 pacientes y que se presentaron en el VII Seminario Lundbeck sobre ansiedad y depresión en Ibiza, las visitas a urgencias por intentos suicidas ascendieron un 22% en plena crisis, un 14% subieron las consultas por ansiedad y un 6% las motivadas por el abuso de drogas y alcohol.
"En el último año hemos notado un cambio en el perfil del paciente. Ahora es mucho más común que acudan a consulta autónomos y pequeños empresarios, que están sufriendo emocionalmente los problemas laborales suyos y de sus trabajadores. Estamos dando más bajas por estrés", confirma a ELMUNDO.es Jesús de la Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Burgos, que también reconoce que "el número de varones con problemas se ha incrementado".
Este experto indica que son "los empleadores, más que los empleados, quienes están padeciendo los problemas mentales más graves, porque se quedan sin trabajo pero, además, tienen que despedir a otros y saben que tienen en sus manos el futuro de muchas familias, lo que conlleva una implicación emocional muy fuerte y mucho estrés". A esta situación estresante se añade un horizonte incierto, unas perspectivas de futuro nada halagüeñas, lo que produce "ansiedad, insomnio, pánico y otras sensaciones que pueden derivar en depresión", dice Gándara.
"Aunque los síntomas aparecen a corto plazo, en cuanto surgen los primeros inconvenientes en el trabajo, lo cierto es que los afectados tardan tiempo en consultar al especialista. Hasta que no han pasado seis u ocho meses no acuden a consulta. Y, la solución no es rápida. Hay que trabajar con los aspectos cognitivos de la persona, saber cómo ve su vida y su futuro, etc, y no es fácil salir del pozo de incertidumbre en el que se encuentran", explica el psiquiatra. "Es muy posible que el estrés agudo que presentan se convierta en crónico, entendiendo por tal aquel que dura más de seis meses. Esto se debe a que depende de factores no controlables, como la economía y el mercado laboral, y también va asociado a una pérdida de autoestima, porque la persona piensa que no sirve para nada, ha perdido estatus social, etc. Por eso la recuperación lleva tiempo", aclara.
Se estima que en España seis millones de personas sufren depresión -entre un 10% y un 15% de la población- aunque la mitad está sin diagnosticar. Este trastorno constituye la segunda causa de baja laboral, lo que supone un gasto de 23.000 millones de euros anuales. Enric Álvarez, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Santa Creu i Sant Pau, explica, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que "la prevalencia de casos de depresión diagnosticados no aumentará con la crisis, pero sí lo están haciendo, y mucho, las consultas por lo que podría llamarse coloquialmente una 'depre coyuntural'".
"Lo que se agudiza es el revestimiento de las consultas, porque los pacientes están peor y las patologías asociadas a su estado depresivo se agravan. Es la música lo que ha variado, más que la letra", esgrime Álvarez.
¿Más pastillas?
Sin embargo, lo que parece que no ha subido en España ha sido el consumo de antidepresivos, tal y como reflejan los datos proporcionados a este medio por algunas farmacéuticas, como Lilly, fabricante del famoso Prozac (fluoxetina). Aquí, las ventas de estos productos han permanecido estables e, incluso, han disminuido un poco. Una situación que dista mucho de la que se vive en el Reino Unido. Según un informe del Sistema Nacional de Salud (NHS, sus siglas en inglés), el número de antidepresivos prescritos por la Sanidad británica se ha duplicado en la última década y el mayor aumento se ha experimentado en los últimos dos años.
Según publica el diario 'The Guardian', el servicio de salud hizo 39,1 millones de prescripciones de fármacos para tratar la depresión en 2009, frente a los 20 millones de 1999. La cifra supone tres millones más de recetas de las que se hicieron en 2008. "Esto puede deberse a la mejora de las herramientas diagnósticas, pero también, claro está, a la crisis", reconoce Steve Field, jefe del Royal College of General Practicioners (la asociación inglesa de médicos de familia).
Estos datos tienen dos interpretaciones para los psiquiatras. Una, la positiva, es que puede indicar que más personas están siendo diagnosticadas y tratadas de sus problemas mentales. La otra, la negativa, es que quizás haya personas que están tomando pastillas sin necesitarlo realmente. "En España sí que han aumentado las visitas psiquiátricas, pero no la prescripción de medicamentos", reconoce Gándara.

Miles de personas sin paraguas sanitario

El sistema público no cubre a parados sin subsidio con alguna renta ni a quien no ha cotizado nunca y tiene ingresos - Entre 90.000 y 180.000 españoles están afectados
CARMEN PÉREZ-LANZAC / MARÍA. R. SAHUQUILLO - Madrid - 28/06/2010


Jorge P. supo que se había quedado sin derecho a sanidad pública el día que pidió una cita en atención primaria para uno de sus dos hijos. "En el ambulatorio de La Laguna (Tenerife) me informaron de que, como ya no cotizo, no tengo derecho a sanidad y que debía acudir al sector privado y pagarlo de mi bolsillo", explica este sorprendido canario. El niño sí recibió asistencia para su resfriado. En el sistema español, los menores están cubiertos siempre. Los adultos, sin embargo, algunas veces no. "Debe encontrar un trabajo rápidamente, porque si no las facturas de Sanidad le serán pasadas por Hacienda", recuerda Jorge que le dijo la persona que le atendió. "Y no se puede negar a pagarlas porque le embargan directamente".
El Gobierno prepara una normativa para corregir esta falta de equidad.Jorge P., agente inmobiliario sin empleo, ya no tiene sanidad gratuita.Las personas sin recursos y los menores son siempre atendidos.Si se abonan 1.800 euros se puede recuperar la cobertura médica.
Jorge (no quiere que se le identifique), de 40 años, dejó de cotizar a la Seguridad Social hace cinco años. Este agente de la propiedad inmobiliaria era, desde 1997, socio de una agencia de venta de pisos. En julio de 2005, tras una enfermedad que le tuvo cuatro meses de baja, vendió su participación en la agencia y se dio de baja en autónomos. Dos años más tarde, la inmobiliaria dejó de vender pisos y cerró.
Que la sanidad pública española es universal es un mito. No todos los españoles están amparados por el sistema. El tan mencionado derecho a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que afecta a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que, sin embargo, algunos expertos elevan hasta las 300.000.
El problema afecta fundamentalmente a cuatro colectivos: parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta, españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos, personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.
En el actual contexto de crisis, hay personas que, al igual que Jorge, están descubriendo que han perdido el derecho a recibir asistencia sanitaria pública de forma gratuita. Aunque paguen sus impuestos -con los que se financia la sanidad en España-, todos ellos deben contratar un seguro privado; o pagar el equivalente de lo que cuesta la atención sanitaria pública al año, unos 1.800 euros de media, para poder utilizarla.
En España, los trabajadores que cotizan, las personas que reciben algún tipo de subsidio (parados, pensionistas...), así como los beneficiarios -sus hijos, por ejemplo- de todos ellos tienen derecho a la atención sanitaria pública. También lo tienen los menores y las personas sin medios económicos. "El derecho a la sanidad pública en España ahora mismo está ligado al empleo", confirma el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Este sistema, heredado de la antigua seguridad social, amplió en 1986 la cobertura a las personas sin recursos.
El problema fundamental es para todos aquellos que sí tienen algo. Aunque no sea mucho. "Gente que paga sus impuestos y que luego se ve obligada a contratar un seguro privado, o a demostrar que su renta patrimonial no supera el doble del Indicador Público de Rentas Múltiples
[unos 1.000 euros mensuales]", explica José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, que sostiene que el sistema necesita una reforma urgente en este sentido.
No es el único consciente del problema. De hecho, universalizar de manera real el derecho a asistencia médica era el primer punto del pacto por la sanidad al que llegaron los partidos en marzo, el único acuerdo al que se ha conseguido llegar en esta legislatura. El Gobierno prepara ya una normativa con rango de ley para lograrlo. "Un reglamento que extienda la cobertura de salud a todos los españoles que residen en territorio nacional -sin distinguirlos por grupos- que no tuvieran reconocido este servicio por otras normas", explica el secretario general de Sanidad.
Lo que le sucede a Jorge es que, aunque ha perdido el subsidio de desempleo, tiene ahorros de su época de trabajador. Por eso, aunque ha tramitado la solicitud de la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, no sabe si se la concederán. Si se la dan, el trámite tardará tres meses. "En ese tiempo no puedo ponerme enfermo", ironiza el ex agente inmobiliario. "Si lo hago y acudo al sistema público, me pasarán una factura".
José Manuel Freire, sin embargo, explica que, en la práctica, muchas veces se atiende igual y sin coste a las personas que no tienen la cobertura sanitaria pública. "En esto hay que agradecer que en España no somos muy estrictos", comenta. Martínez Olmos reconoce que estas personas muchas veces se suelen dar de alta "enganchados" en la tarjeta de algún familiar para solucionar el problema. "Aunque no es el mejor sistema, de ahí que se quiera modificar", admite.
El mecanismo de cobertura sanitaria de España ha alcanzado al 99% de la población -en 2006, según datos de la OCDE, llegaba al 98,3%-. Pero no a todos. Queda fuera una cifra "pequeña", según Sanidad, que tiene nombre y apellidos. "Entre 90.000 y 180.000 personas", sostiene Martínez Olmos, que explica que la horquilla es amplia porque varía y porque es difícil, por ejemplo, saber cuántas personas no han trabajado nunca y tienen recursos suficientes.
Fernando Lamata, consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y secretario general de Sanidad del ministerio en 2004 y 2005 asegura, sin embargo, que son unas 300.000 las personas que ahora mismo están sin cobertura pública sanitaria. "Esta asistencia ya se ha pagado a través de los impuestos y debería universalizarse de manera real. No puede ser que se pague por algo dos veces", sostiene Lamata.
Sin embargo, muchos españoles no son conscientes de esto. Sólo el 27% sabe que la sanidad se paga ya a través de los impuestos. "Además, el derecho a la cobertura médica está recogido en la Constitución", observa el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que reconoce que, con la crisis, pueden aumentar las personas que se han quedado al descubierto sin que tomen conciencia de que lo están.
"¿Por qué no informan a los miles o millones de parados que se puedan encontrar en esta situación de que si ya no tienen subsidio, y sí algunos ahorros, se han quedado sin asistencia sanitaria?", se pregunta Jorge P. "¿Es una forma de marginar a la sociedad desempleada? ¿Es la sanidad solamente un derecho de los españoles de bien, con un trabajo como Dios manda?". Martínez Olmos insiste en que no lo es. Sin embargo, habrá que esperar a noviembre para tapar el agujero del paraguas sanitario público.

Éxodo de médicos y enfermeras en Europa oriental

Por Paul Stracansky
PRAGA, jun (IPS) - Los magros salarios y las malas condiciones laborales empujan a los trabajadores de la salud de Europa oriental a emigrar. El fenómeno deja al descubierto la falta de estabilidad y sustentabilidad del sector en la región.
La situación es tan crítica que la escasez de personal ya pone en peligro las vidas de los pacientes, admiten en privado algunos médicos. A menos que se destine más dinero al sector de la salud, en el futuro habrá un serio deterioro en la atención que reciben los pacientes, señalan. "Si no se hace nada para mejorar la situación, en el corto o en el largo plazo, temo que se reduzcan drásticamente los estándares de los servicios de salud que se brindan", dijo a IPS el vicepresidente de la Cámara Médica Checa, Zdenek Mrozek. Tras la caída de los gobiernos de la "cortina de hierro", Europa oriental heredó sistemas de salud cuya calidad ya era inferior a la de los de Occidente. Sucesivos gobiernos se han esforzado por revisar esos sistemas y brindar servicios de salud modernos, que estén a la par de los occidentales. Aunque en las últimas dos décadas parámetros como la expectativa de vida, la mortalidad infantil y la disponibilidad de tratamientos y procedimientos médicos han aumentado mucho en la región, muchos trabajadores de la salud sostienen que esto encubre problemas serios y que el sector sigue padeciendo una seria falta de financiamiento en la región. En algunos estados, la falta crónica de fondos ha hecho que hospitales y clínicas carezcan de equipos y materiales básicos. En Rumania, por ejemplo, los médicos de algunos hospitales admiten haber pagado medicamentos, jeringas y vendajes de su propio bolsillo, para que los pacientes pudieran recibir un tratamiento básico. En el pasado, algunas empresas de suministros médicos se negaron a abastecer a las clínicas por culpa de una enorme cantidad de facturas impagas. Pero los funcionarios de la salud temen que la falta de personal y el continuo éxodo de médicos y enfermeros hacia Occidente plantee una amenaza aún mayor que el hecho de que los centros de atención estén mal equipados. En Polonia, este año hubo una huelga de enfermeros, que advirtieron que la situación era crítica y que pronto su rol se extinguiría en el país. Dijeron que en los últimos seis años, desde que el país se integró a la Unión Europea, los salarios deficientes y las malas condiciones laborales habían empujado a miles de sus colegas a partir hacia el exterior en busca de trabajos, a los que accedían más fácilmente que en su tierra natal. "La escasez de enfermeros está teniendo un efecto devastador en el cuidado de los pacientes en Polonia. El gobierno tiene que aumentar los salarios", dijo a IPS Longina Kaczmarska, vicepresidenta del Sindicato de Enfermeros y Parteras de Polonia. Según ese sindicato, el salario mensual promedio en Polonia es de 825 euros (1.024 dólares), pero los enfermeros ganan entre 330 y 775 euros (entre 410 y 962 dólares), dependiendo de su experiencia. En otras partes de la región, los sueldos de los trabajadores de la salud también son bajos. En Rumania, donde según el Colegio de Médicos han emigrado más de 4.000 de estos profesionales desde 2007 --casi 10 por ciento del total--, un médico residente gana en promedio 200 euros (248 dólares). El salario mensual promedio es de 320 euros (397 dólares). En la República Checa, 50 nuevos graduados en medicina y 250 especialistas que han completado su formación abandonan el país cada año, y los médicos recién recibidos cobran un salario básico de poco más de 650 euros (807 dólares) al mes, según la Cámara Médica nacional. El salario mensual promedio en el país ronda los 900 euros (1.117 dólares). En Hungría, donde más de 2.600 médicos partieron al exterior desde 2004, según estadísticas oficiales, los que se quedaron ganan unos 350 euros (434 dólares) por mes. En los estados bálticos, los sueldos del personal de la salud también son bajos, y los cirujanos, por ejemplo, a menudo no ganan más de 800 euros (993 dólares) mensuales. En enero de este año, la Asociación Médica Letona señaló que se había triplicado la cantidad de médicos que conseguían trabajo en el exterior. En Bulgaria, la ministra de Salud Anna-Maria Borissova dijo en abril a los medios de comunicación nacionales que el país tenía apenas la mitad de la cantidad de enfermeros que necesitaba. "Cada día, un médico abandona el país para trabajar en el exterior", agregó. Según ella, este éxodo es una "catástrofe" para los servicios de salud búlgaros. Los médicos residentes ganan promedialmente 250 euros (310 dólares) al mes. Muchos médicos y enfermeros quieren que el gobierno aumente el presupuesto que destina al sector, mientras que otros han sugerido otros programas para recaudar fondos que volcar a la salud. Algunos estados ya han introducido una controvertida medida: les cobran a los pacientes las consultas a los médicos y el transporte en ambulancias. También se han considerado otros programas de pago parcial o de impuestos especiales. Pero como la crisis financiera mundial todavía afecta el gasto público de muchos estados, algunos expertos consideran improbable que los gobiernos tengan las decenas de miles de millones de euros necesarias para elevar los salarios a los niveles que reclama el personal médico. No obstante, es necesario tomar medidas ahora, sostienen los sindicatos de trabajadores de la salud. "Una larga tradición de pagas bajas y de trabajo por turnos vuelven poco atractivo al sector de la salud. Atraer a estudiantes y trabajadores hacia el sector de la salud será un importante desafío político", dijo a IPS el secretario general de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermeros, Paul de Raeve. (FIN/2010)

Pensionista con cónyuge a cargo,un déficit de ciudadanía

José Antonio Pérez
Rebelión
Una reforma en serio del sistema público de pensiones debería contemplar, de entrada, la fijación de unos mínimos que aseguren una existencia digna a las personas mayores. Si aceptamos la Constitución española en su integridad, además de garantizar la vida de lujo que lleva el monarca-Jefe del Estado y su augusta familia, los poderes públicos deberán también garantizar, "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad."(Art. 50)
Al cabo de 32 años de vigencia de la Constitución española, las pensiones del sistema público de la Seguridad Social siguen siendo muy bajas. En lo que respecta a las pensiones mínimas que fija el Gobierno, la mayoría de ellas están por debajo del umbral de pobreza, un parámetro oficial que fija el Instituto Nacional de Estadística.
Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres casadas que, tras dedicar su vida a ocuparse de cuidar del hogar, la crianza de los hijos, etc., no tienen derecho a recibir una pensión al llegar a la vejez.
Los trabajos efectuados dentro del hogar sólo tienen valoración social y monetaria si son realizados profesionalmente, mientras que si los realiza una mujer dedicada a lo que antiguamente se denominaba "sus labores" pasa absolutamente desapercibido.
Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principo exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado.
Ya lord Beveridge apuntó la paradoja que plantea, desde la perspectiva de la economía monetarizada, el hecho de que un hombre soltero se case con su asistenta supone una catástrofe, pues significa la desaparición de esa mujer del mercado de trabajo.
Es decir, que estamos ante un trabajo invisible, no remunerado ni socialmente valorado.
En nuestro sistema público de pensiones, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal (*). Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.
En 2010, la pensión mínima de carácter contributivo para una persona mayor de 65 años está fijada en 557,50 euros mensuales. Si tiene cónyuge a cargo, percibirá 725,20 euros mensuales.
Habida cuenta de que con ese dinero han de mantenerse dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 362,60 euros. Renta situada por debajo del umbral de pobreza. Por mucha "economía de escala" que se quiera aplicar a la pareja, la realidad es que el complemento con el que debe vivir el cónyuge es de 167,7 euros mes, lo que arroja una ratio casi tercermundista de 5,59 euros día.
La situación mejoraría si, en vez de ese complemento, cada cónyuge tuviera, en calidad de ciudadano, el derecho personal a recibir una pensión, aunque en uno de los casos fuera la mínima de carácter no contributivo. El importe de la misma tampoco es que sea para tirar cohetes: 339,70 €. Sin embargo, un hogar donde el cónyuge principal tuviera derecho a percibir la pensión mínima de 557,50 € y el cónyuge 'no contributivo' tuviera derecho a percibir al menos esa pensión, allegarían entre ambas pagas la suma de 897,20 €. Este ingreso, no sólo mejoraría en 172 € la renta de ese hogar, sino que además robustecería un derecho: el de ciudadanía, y no el de 'conyuge de'.
Por cierto, ¿han oído alguna vez hablar de esto a los sindicatos o al Ministerio de Igualdad? Confiemos en que a éste último, para eliminar esta discriminación, se le ocurra alguna idea mejor que introducir el palabro cónyuga como novedoso hallazgo semántico de la corrección política.
Nota:
(*) La Pensión no Contributiva de Jubilación asegura a todos los ciudadanos en situación de jubilación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva. Pero su concesión está sujeta a drásticos requisitos de condicionalidad.
http://carnetdeparo.blogspot.com/

Ahogados por el amianto

Vecinos de dos municipios barceloneses afectados por el material tóxico reclaman a Uralita 5,6 millones.El jueves concluirá el primer juicio en el que los demandantes no eran trabajadores de la fábrica.
14/06/2010 RAFA JULVE

Ellos lo resumen así: "Uralita dio vida y muerte a Cerdanyola y Ripollet". Vida porque llevó trabajo y prosperidad a la zona. Muerte porque el amianto que usaba ocasionó a muchos ciudadanos enfermedades, como el cáncer y la asbestosis.
Son miembros de la Asociación de Afectados por el Amianto, algunos de los cuales forman parte del grupo de 47 personas que reclaman 5,6 millones de euros a Uralita por las supuestas enfermedades que, en las dos localidades barcelonesas, causó el material tóxico vertido por la fábrica. Ninguno trabajó en la empresa (sí los familiares de varios). Son víctimas colaterales que este jueves presentarán al juez sus conclusiones en el juzgado de primera instancia número 46 de Madrid. Porque es en la capital española donde Uralita tiene su sede, ya que en Cerdanyola cerró en 1997.
Este es el primer juicio que se celebra en España en el que los demandantes no eran empleados, pero sí se vieron envueltos en el ambiente que se respiraba alrededor de una factoría que ocupó 103.000 metros cuadrados. Uno de ellos es Genís Saló, que aún recuerda cómo, hace medio siglo, toda la vida de la zona giraba en torno a Uralita.
CALLES LLENAS DE RESIDUOS "Los niños jugábamos en las calles de tierra, que estaban llenas de escombros de amianto", relata Saló. De los almacenes, además, no paraba de salir polvo, expulsado por los extractores que "aún pueden verse" en los edificios que quedan.
Saló es hijo de dos trabajadores de Uralita que "fallecieron" por la asbestosis, una enfermedad degenerativa derivada de la inhalación de amianto (al inspirarlo, las partículas de este material tóxico se depositan en los pulmones, causando unas irritaciones que derivan en cicatrices y acaban ocasionando una insuficiencia respiratoria). En el 2003 se la diagnosticaron a él. "Tengo placas pleurales las pleuras son las membranas que recubren los pulmones por la inhalación de asbestos". Unos males a los que se añadieron una depresión y una fibromialgia que le obligaron a dejar el negocio de informática y aparatos electrónicos que regentaba con dos socios. "No podía ni levantarme por la mañana. Me ahogaba".
Saló, de 56 años, sospecha que algunos médicos ("y Uralita") conocían los males del amianto desde mediados del siglo XX. Al contrario que la mayoría de vecinos. "Aún me acuerdo de que mi madre traía a casa mantas de amianto para taparnos cuando hacía frío", explica. Convivían con el enemigo día y noche.
Carmen García no sufre dolencias por el amianto, pero representa como demandante a sus padres, Celestino e Hipólita. Ambos murieron de cáncer de pulmón por el amianto, pese a que ninguno de ellos trabajó en Uralita. Recuerda cuando iba a buscar a Celestino al trabajo, en un almacén que Fecsa tenía en frente de la factoría. "Allí había una higuera que estaba blanca por el polvo de Uralita. Pero nos daba igual, cogíamos los higos, soplábamos un poco y nos los comíamos", recuerda.
¿Cuánta gente comió frutos de aquel árbol y respiró aquel polvo que acabó ahogándola? "Es imposible saberlo", dicen todos.

Un fármaco mejora el cáncer de próstata

11/06/2010 08:20 Actualizado: 11/06/2010 14:30
Metástasis óseas.AINHOA IRIBERRI

En algunos tipos de cáncer, las complicaciones afectan más a la calidad de vida que el propio tumor maligno. Un ejemplo es el cáncer de próstata, cuya complicación más frecuente son las metástasis óseas que afectan a más de un 80% de los pacientes con enfermedad avanzada y que provocan a los enfermos fracturas óseas, compresión medular que a veces causa invalidez o hacen que requieran de radioterapia.
Un estudio presentado en la sesión plenaria de la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) celebrada esta semana en Chicago ha demostrado que un fármaco de los denominados anticuerpos monoclonales, llamado denosumab, es más eficaz a la hora de prevenir las complicaciones propias de las metástasis óseas que el que se utiliza en la actualidad, el ácido zoledrónico.
El fármaco biológico, del laboratorio Amgem, inhibe el activador de receptor del RANKL, un mediador esencial de la formación, función y supervivencia de los osteoclastos, células que se encargan de destruir los huesos. Según explicó el oncólogo del Hospital Clínico Pere Gascón, se trata de un fármaco "muy ingenioso", que tiene la ventaja de administrarse por vía subcutánea en lugar de intramuscular.

La tragedia de Bhopal

ESCAPE TÓXICO
Dos años de cárcel y multa de 1.750 euros a los directivos de Union Carbide por la tragedia de Bhopal
Un tribunal ha condenado a dos años de prisión a siete directivos de Union Carbide y a una multa de 500.00 rupias (8.900 euros) a la delegación india de la compañía estadounidense por el escape tóxico de la fábrica de pesticidas de Bhopal, en 1984, que causó más de 25.000 muertos.
07/06/2010 10:10:00

Unos niños juegan en el exterior de las abandonadas instalaciones de Union Carbide en Bhopal, en una imagen tomada en noviembre de 2009. (RAVEENDRAN/AFP)
NUEVA DELHI-. Un tribunal local de Bhopal ha condenado a dos años de cárcel a siete directivos de la compañía estadounidense Union Carbide y les ha impuesto una multa de 100.000 rupias (unos 1.750 euros) a cada uno por la fuga tóxica de la fábrica de pesticidas de esa ciudad india, que tuvo lugar en 1984 y que fue una de los peores desatres industriales de la historia. El accidente causó la muerte de miles de personas.
Además, ha impuesto una multa de 500.000 rupias (8.900 euros) a la delegación india de la compañía (Union Carbide India Limited), según AFP.
La sentencia ha sido anunciada horas después de que el juez Mohan P. Tiwar declarase culpables de "negligencia criminal", "homicio culpable sin grado de asesinato" y "negligencia grave" a los directivos procesados.
Entre los procesados se encuentran el entonces director de Union Carbide, el indio Keshub Mahindra, de 85 años y actual director de la principal empresa india de automoción industrial, Mahindra & Mahindra.
El veredicto sólo afectará a los dirigentes indios de la desaparecida Union Carbide, mientras que los casos presentados contra la compañía estadounidense y sus directivos en el extranjero están siendo objeto de otros procesamientos. Union Carbide entregó sus instalaciones al Gobierno indio en 1989, antes de ser comprada por Dow Chemical.
Acuerdo con el Gobierno indio
Esta compañía alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo indio por el que abonaba 470 millones de dólares de indemnización a cambio de abandonar el proceso penal. Dow Chemical emitió una declaración con motivo del 25 aniversario de la tragedia en la que consideraba que, en base a ese acuerdo, se habían resuelto todas las reclamaciones "presentes y futuras" contra el grupo.
De hecho, el tribunal no ha hecho ninguna mención al ex director de Union Carbide Corporation, el estadounidense Warren Anderson, quien fue encausado tres años después del escape, detenido y posteriormente excarcelado tras el pago de una fianza. Desde entonces está huido de la Justicia.
"Broma pesada, injusticia"
Activistas de derechos humanos y asociaciones de víctimas han calificado el veredicto de "injusticia total" y "broma pesada" y han anunciado que recurrirán la sentencia a cortes superiores.
"Vamos a luchar por la justicia hasta el final, esto no es justicia, esta compensación es ridícula", ha declarado la activista y víctima del desastre Rashida Bee, a la agencia india IBSN.
Más de 25.000 muertos
La fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal sufrió un escape de isocianato de metilo y de otros gases letales en la noche del 2 al 3 de diciebre de 1984.Aparte de las personas que murieron de inmediato, que el Gobierno estima en unas 3.500, alrededor de 15.250 fallecieron en las siguientes semanas por inhalar el gas o consumir agua contaminada, y muchas otras sufrieron consecuencias que han trasmitido a las siguientes generaciones.
Un grupo de defensa de los derechos de las víctimas ha elevado la cifra de muertos a más de 25.000, tanto en los primeros momentos como en los años siguientes.

El exceso de limpieza puede dañar la salud

La hipótesis de la higiene, propuesta en 1989, cobra fuerza pero tiene detractores
A. G. R. MADRID 04/06/2010 08:20

Puede que determinados hábitos, considerados higiénicos en algunas sociedades occidentales obsesionadas con la limpieza, no sean tan saludables. Cada vez cobra más fuerza la denominada hipótesis de la higiene, propuesta por el epidemiólogo David P. Strachan en 1989. Según esta, el menor número de infecciones en los primeros años de vida, el mayor uso de antibióticos y la extensión de la vacunación, predisponen a la alergia.
Ya desde el comienzo de la vida, el contacto con los microorganismos es clave. Así, los niños nacidos por cesárea tienen más riesgo de ser alérgicos que los nacidos por parto vaginal, al no estar expuestos a los gérmenes habituales del canal del parto. "Los niños no necesitan un ambiente estéril", resume la jefa del servicio de Alergia del hospital Clínico San Carlos de Madrid, Consuelo Martínez Cócera.
Esta hipótesis está muy relacionada con la evolución del inmaduro sistema inmunológico del recién nacido. Durante el embarazo, un tipo de linfocitos llamados Th fetales favorecen la producción de inmunoglobulina E (IgE), el anticuerpo más involucrado en la alergia. De esta forma, evitan el rechazo inmunológico que podría producir el feto en la madre. Es su contribución a una gestación satisfactoria.
A partir del nacimiento, esta respuesta puede evolucionar de dos formas diferentes. En la progresión natural hacia un sistema inmunológico adulto, una mayor frecuencia de infecciones promueve la producción de inmunoglobulina G (IgG), anticuerpo no implicado en mecanismos alérgicos. Por el contrario, un menor número de infecciones perpetúa la respuesta inmunológica previa, la producción de IgE, y promueve el desarrollo de alergia.
Pero la hipótesis higiénica tiene sus detractores. Según explica Jeroen Douwes, de la Universidad de Massey (Nueva Zelanda) en International Journal of Epidemiology, el asma ha empezado a bajar en los países occidentales pese a que "parece improbable" que esos países sean ahora menos limpios. Al tiempo, el asma está aumentando mucho en países como Brasil, donde parece improbable que haya menos infecciones "que en países culturalmente similares como España y Portugal, donde la prevalencia de asma es menor".

La exposición al humo en los bares en España dobla la media de la Unión Europea

PRESENTACIÓN DE NUEVOS DATOS ESTADÍSTICOS.
La ministra descarta indemnizar a los locales con espacios para no fumadores.
05/06/2010 PATRICIA MARTÍN

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha optado por la vía rápida que ofrece la proposición de ley negociada por los grupos parlamentarios para endurecer la ley antitabaco, frente al proyecto de ley elaborado por el Gobierno. Ayer elevó al Consejo de Ministros un informe con nuevos datos estadísticos que justifican "la necesidad" de que no se pueda fumar en ningún "espacio público cerrado".
El último eurobarómetro, explicó la ministra en la rueda de prensa posterior, constata que la exposición al humo en los bares y restaurantes españoles (entre un 85% y el 93%) duplica la media de la UE, mientras que la inhalación de humo de los camareros (40,2%) dobla la de los trabajadores de la construcción y cuadruplica la de otros sectores.
Curiosamente, para argumentar la reforma de la ley, la ministra recurrió a la misma encuesta europea que ha revelado que la entrada en vigor hace cuatro años de la ley antitabaco no ha logrado reducir el número de fumadores (que ha pasado del 34% al 35% de la población).
166 MUERTES AL DÍA Jiménez restó credibilidad a estos datos con el argumento de que la UE ha usado una muestra pequeña mientras que las estadísticas del Gobierno prueban que el porcentaje de fumadores se ha estabilizado en torno al 27%. El primer año cayó el consumo debido "al clima favorable" de la ley, pero su aplicación "se ha ido relajando". Por eso "es necesaria una nueva reforma". "Mi responsabilidad es proteger la salud. Por eso sería una grave irresponsabilidad que no actuara para evitar las 166 muertes diarias que provoca el tabaco", sentenció la titular de Sanidad.
La ministra presentó el miércoles la propuesta de ley que lleva la firma tanto de IU como de ERC y que prohibirá fumar a partir de enero del 2011 en todos los espacios públicos cerrados salvo en algunas habitaciones de hotel (un 30% del total), las cárceles, los centros psiquiátricos y los clubes de fumadores. Esta salvedad puede convertirse en un "coladero", ha advertido IU, por lo que presentará enmiendas que le pongan coto.
ERC, por su parte, solicita que los bares que han invertido dinero en separar los espacios libres de humo sean compensados. La ministra prácticamente cerró la puerta a esta posibilidad con el argumento de que solo un 2% de los establecimientos hosteleros españoles han realizado reformas y se han gastado de media entre 8.000 y 12.000 euros. "Una cantidad fácil de amortizar", aseveró. El sector, por su parte, habla de gastos de hasta 25.000 euros y calcula que con la reforma cerrarán 40.000 negocios aproximadamente.
El Gobierno estudió además el anteproyecto de la ley general de salud pública que pretende garantizar la equidad y la efectividad del sistema y promover la prevención de enfermedades. "La salud será un eje transversal de todas las políticas", explicó la ministra Jiménez. La norma recoge nuevos derechos como el de recibir información sobre los riesgos de cualquier tratamiento, además de adaptar la salud pública a los conocimientos científicos actuales.

El determinismo demográfico: ciencia o ideologia

Vicenç Navarro
Revista Temas
En cualquier área de conocimiento científico se requiere que los autores sean capaces de rebatir las tesis que cuestionan sus propias tesis. Ignorar las críticas, sin contestarlas, es perder credibilidad, pues transforman el proyecto científico en mera propaganda política, por mucho que se vista de científica. Esta observación se aplica a gran número de tesis catastróficas del sistema de pensiones, que basan su visión de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en un determinismo demográfico, que ha sido cuestionado extensamente. Puesto que estos cuestionamientos son ampliamente conocidos, ignorarlos implica una violación de la integridad que se requiere en cualquier proyecto científico. Si un investigador continuara promoviendo un tratamiento médico, a pesar de que la evidencia científica existente mostrara que este tratamiento es dañino, sería cuestionado y sus credenciales científicas se retirarían. Pues lo mismo debe aplicarse en los análisis que continúan utilizando la evolución demográfica como causa de la inviabilidad de las pensiones. Me parece muy bien que tales tesis continúen escribiéndose y gocen de cajas de resonancia en los medios, pero para que sean tomadas en serio, deberían contestar a los argumentos de aquellos que hemos mostrado el error de los supuestos en los cuales se basan tales proyecciones de insostenibilidad. La respuesta a tales trabajos, mostrando que son erróneos, sería el paso necesario para ganar la credibilidad científica con la que se presentan, y de la que hasta ahora carecen. Ignorar tales trabajos, y continuar repitiendo las tesis catastróficas, transforma sus tesis en mera propaganda ideológica.
Para aquellos lectores interesados en el tema me permito sugerirles que lean artículos que cuestionan los supuestos de las tesis del determinismo demográfico, concretamente la necesidad de:
1. No confundir esperanza de vida promedio en un país con la longevidad de sus ciudadanos, confusión que constantemente se hace por parte de los deterministas demográficos. El hecho de que la esperanza de vida haya crecido sustancialmente en España se debe primordialmente al descenso de la mortalidad infantil, más que al crecimiento de años de vida de los ancianos, el cual ha sido mucho menor que el incremento de la esperanza de vida promedio del país (ver Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Publicado por ATTAC, Marzo 2010).
2. La longevidad de las personas en España varía según su clase social. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en el paro. Existe un gradiente de mortalidad según la clase social. De ahí que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es profundamente injusto, pues implica que los trabajadores no cualificados estarán trabajando dos años más para pagar las pensiones de personas más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Es injusto, por ejemplo, que la mujer de la limpieza de la Universidad tenga que trabajar dos años más para pagar mi pensión, cuando yo, Catedrático de Universidad le sobreviviré ocho años más (ver Navarro, V. Las Pensiones son viables, Julio-Agosto 2009, en www.vnavarro.org).
3. Los autores que proponen retrasar la jubilación dos años más pertenecen todos ellos a una clase social que en su mayoría disfruta en su trabajo. Ésta no es la situación de la mayoría de la clase trabajadora en este país.
4. El punto clave para determinar la viabilidad del sistema de pensiones no es –como erróneamente se asume- el número de trabajadores cotizantes por pensionistas. Esta cifra no es la cifra determinante de la viabilidad del sistema. En aquellos sistemas de pensiones basados en aportaciones procedentes del mercado de trabajo, el punto clave es la cantidad de aportaciones al sistema de Seguridad Social, que depende más de la productividad que del número de trabajadores, así como del contexto político. Supóngase el lector que hace cuarenta años (cuando para producir todo el alimento que España consumía se necesitaba el 30% de la población activa) hubiera habido voces alarmistas señalando que en cuarenta años, no habría suficientes personas trabajando en el campo para alimentar a toda la población española, pues la gente estaba desplazándose a las ciudades. Pues bien, hoy el 4% de la población activa produce lo que hace cuarenta años producían el 30% y hay, además, un excedente en la producción de alimentos. Aplíquese este símil y sustituyan alimento por pensiones. El incremento de la productividad hará que en cuarenta años, el PIB haya crecido enormemente (será más del doble del actual), con lo cual habrá más recursos para pensionistas y no pensionistas que ahora, aunque el porcentaje del PIB en pensiones públicas pase del 8% al 15% (ver mi artículo “La Seguridad Social en España es viable. Réplica a David Taguas” 24.02.10, en www.vnavarro.org). En realidad, hace cuarenta años, España se gastaba en pensiones sólo un 4%. Hoy se gasta más del doble, el 8%, y los no pensionistas tienen más recursos ahora que antes.
5. No hay nada escrito en la Biblia, incluyendo las Biblias económicas, que indique que las pensiones tienen que basarse en aportaciones del mercado de trabajo. En muchos países, como Dinamarca, proceden de los fondos generales del Estado. Y es muy dudoso que un programa tan popular como las pensiones no pueda encontrar fondos para sostenerse.
No hay duda de que el sistema de pensiones debiera reformarse, dificultando las excesivas prejubilaciones (que benefician al empresario, dañando al trabajador), facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, permitiendo voluntariamente el retraso de la edad de jubilación y otras medidas. Pero, concluir a partir de la necesidad de estas reformas que el sistema es inviable, debido a la transición demográfica, es insostenible en bases científicas. Creo que los catastrofistas no pueden continuar proyectando catástrofes sin, al menos, contestar a aquellos que cuestionan los supuestos en los que se basan sus tesis.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University.
Fuente: publicado en el número de junio de 2010 de la revista TEMAS